Cámaras de seguridad para su comunidad de vecinos en Tenerife y Gran Canaria, por una cuota mensual

Con nuestra promoción, 50 € al mes por comunidad más IGIC, es decir, 53,50 € al mes con IGIC incluido, con una permanencia de 60 meses. Incluye 4 cámaras, un grabador con disco duro de 1 TB, la instalación básica con hasta 30 metros de cable, los carteles de zona videovigilada y el mantenimiento correctivo de cualquier avería o rotura. Si el edificio necesita más cámaras o más cable, la ampliación se presupuesta aparte.

Depende del número de viviendas. Repartiendo la cuota a partes iguales, una comunidad de 10 viviendas paga 5,35 € al mes por vivienda; una de 20, 2,68 €, y una de 50, 1,07 €, con IGIC incluido. La junta decide cómo reparte el gasto, normalmente según las cuotas de participación.

El plan tiene una permanencia de 60 meses. Durante ese tiempo, la cuota incluye cualquier avería o rotura del sistema y la extracción de grabaciones para una denuncia. Al terminar, con el pago de una cuota residual, los equipos pasan a ser propiedad de la comunidad.

El mantenimiento correctivo de todo el sistema durante los 60 meses del plan: si una cámara, el grabador o el disco se averían o se rompen, lo reparamos o lo sustituimos sin coste adicional. También incluye la extracción de grabaciones cuando la comunidad las necesita para presentar una denuncia.

Comprar exige un pago único, que en muchas comunidades obliga a una derrama, y deja a cargo de la comunidad las reparaciones y las extracciones de imágenes. Con la cuota no hay pago inicial, las averías y roturas están cubiertas durante todo el plan y, al final, el equipo pasa a ser de la comunidad con una cuota residual.

Sí. En garajes grandes, con varias rampas o con más de una entrada, añadimos las cámaras y el cable que hagan falta. Las ampliaciones se presupuestan aparte y se las indicamos por escrito en la propuesta.

Sí, siempre que se cumplan los requisitos: acuerdo de la junta de propietarios, cámaras solo en zonas comunes, carteles de zona videovigilada en los accesos, borrado de las imágenes en un mes como máximo y acceso restringido a las grabaciones. Lo regulan la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos, y la Agencia Española de Protección de Datos lo detalla en su guía sobre videovigilancia.

Con carácter general, el voto favorable de tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen tres quintas partes de las cuotas de participación, según el artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal. Los propietarios ausentes debidamente citados que, una vez informados del acuerdo, no comuniquen su desacuerdo a quien ejerza de secretario en 30 días naturales cuentan como votos a favor (artículo 17.8).

No. Basta con la mayoría que fija la ley. En 2024 el Tribunal Supremo avaló la decisión de una comunidad de instalar cámaras en las zonas comunes, aprobada con esa mayoría, frente a la oposición de una vecina.

Sí. Debe haber un cartel en cada acceso a la zona grabada, en un lugar visible, que indique que existe videovigilancia, que la comunidad es la responsable, ante quién se pueden ejercer los derechos de protección de datos y dónde obtener más información. En nuestra promoción los carteles están incluidos.

Solo en las zonas comunes: portal, garaje, trasteros, accesos y zonas exteriores de la comunidad. De la vía pública solo puede captarse la franja mínima imprescindible junto a los accesos, y nunca el interior de las viviendas. Además, evitamos enfocar las puertas de los vecinos.

Sí. Las rampas, las calles de circulación y los accesos son zonas comunes, y las cámaras de la comunidad se orientan para cubrirlos sin enfocar plazas concretas.

Sí, con condiciones: necesita la autorización previa de la junta, que debe constar en el acta, y la cámara solo puede grabar su propia plaza, con la franja mínima de zona común que no pueda evitarse, sin captar las de otros vecinos ni la vía pública. Además, debe poner su cartel y cumplir el resto de obligaciones de protección de datos.

No. Las cámaras de la comunidad graban solo imagen. Grabar las conversaciones de forma indiscriminada no está justificado para la seguridad de las zonas comunes.

Como máximo un mes desde que se graban. Solo se conservan más tiempo las imágenes necesarias para acreditar un robo, un daño o una agresión, que deben ponerse a disposición de la autoridad en un plazo de 72 horas desde que se conoce la grabación. Configuramos el borrado automático para que no se superen los 30 días; según la configuración, el disco puede sobrescribir las imágenes antes, así que, si ocurre algo, avísenos cuanto antes.

En nuestro sistema, nadie las ve en directo. El grabador queda en un lugar cerrado y, cuando la comunidad lo solicita a través del presidente o del administrador, nuestros técnicos extraen las grabaciones necesarias para que se entreguen con la denuncia.

No en esta promoción. El sistema graba de forma continua, pero sin visionado en directo ni desde el móvil, de modo que ningún vecino vigila a los demás. Es una de las razones por las que la instalación se aprueba con más facilidad en la junta.

No. La Agencia Española de Protección de Datos no admite que las imágenes de videovigilancia se emitan por el canal de televisión de la comunidad, porque las vería cualquier vecino.

Puede pedir las imágenes en las que aparece él mismo, ejerciendo su derecho de acceso, siempre sin perjudicar a otras personas. Quien sufra un robo o un daño puede solicitar, de forma motivada, las imágenes del incidente para su denuncia o su reclamación al seguro, limitadas a lo imprescindible. El resto de las grabaciones no se entregan a particulares.

El presidente o el administrador nos indica el día y la franja horaria. Localizamos las imágenes en el grabador, las extraemos sin coste para la comunidad y se las entregamos para que las aporte con la denuncia.

Sí. La Policía, la Guardia Civil o el juzgado pueden solicitarlas de forma motivada para investigar unos hechos, y la comunidad, como responsable, se las entrega. Si la comunidad tiene conocimiento de una grabación que acredita un delito, debe ponerla a disposición de la autoridad en un plazo de 72 horas.

No. Somos una empresa instaladora: el sistema graba en el grabador de la comunidad y no está conectado a ninguna central receptora ni a ningún servicio de vigilancia. Las imágenes se revisan cuando ocurre un incidente.

Durante los 60 meses del plan, cualquier avería o rotura de las cámaras, del grabador o del disco está incluida en la cuota: la reparamos o sustituimos el equipo sin coste adicional.

El grabador no necesita internet para grabar, así que una caída de la conexión no le afecta. Si se corta la luz, deja de grabar hasta que vuelve, salvo que se instale un sistema de alimentación ininterrumpida, que le podemos presupuestar aparte.

La comunidad es la responsable de las imágenes: debe incluir la videovigilancia en su registro de actividades de tratamiento, tener a disposición de los afectados la información sobre el tratamiento y formalizar con nosotros el contrato de encargado del tratamiento, porque somos quienes extraemos las grabaciones. Su administrador de fincas suele ocuparse de estos documentos.

Sí. Trabajamos en comunidades de toda Tenerife desde nuestra oficina de Santa Cruz y en toda Gran Canaria desde nuestra oficina de San Fernando de Maspalomas, con técnicos propios en las dos islas.