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Cámaras de seguridad en comunidades de vecinos: requisitos legales y sanciones

Cámara domo de seguridad en el techo de una zona común de un edificio de viviendas

Instalar cámaras en una comunidad de vecinos es legal, y cada vez más habitual. Pero no basta con colocarlas: la comunidad pasa a ser responsable de unas imágenes en las que aparecen vecinos, visitas y trabajadores, y debe cumplir la normativa de protección de datos. En esta guía repasamos los requisitos legales de las cámaras en una comunidad, uno por uno, con lo que dicen la ley, la Agencia Española de Protección de Datos y los tribunales, y qué puede pasar si no se cumplen.

Guía actualizada en octubre de 2026 con la guía de videovigilancia de la Agencia Española de Protección de Datos de febrero de 2025. Es información general: ante un caso concreto, consulte con su administrador de fincas o con un abogado.

Los requisitos, en resumen

  • Acuerdo de la junta de propietarios. El Tribunal Supremo ha avalado un acuerdo adoptado con la mayoría de tres quintos del artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal.
  • Solo zonas comunes, sin grabar sonido y sin captar la calle más allá de lo imprescindible.
  • Cartel de zona videovigilada en cada acceso a la zona grabada.
  • Borrado de las imágenes en un mes como máximo, salvo las de un incidente, que se ponen a disposición de la autoridad en 72 horas desde que se conoce la grabación.
  • Acceso a las imágenes solo para las personas que designe la comunidad.
  • Registro de actividades de tratamiento y, si una empresa accede a las imágenes, contrato de encargado del tratamiento.

1. El acuerdo de la junta de propietarios

La instalación de cámaras en las zonas comunes la decide la comunidad, que es la responsable de las imágenes, en junta y como un punto concreto del orden del día. La Ley de Propiedad Horizontal no menciona las cámaras; la mayoría que suele aplicarse es la del artículo 17.3, para los servicios de vigilancia o de interés general, que exige el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas. Los ausentes debidamente citados que no manifiesten su discrepancia en 30 días naturales cuentan como votos a favor (artículo 17.8).

No hace falta la unanimidad. En su sentencia 1399/2024, de 23 de octubre, el Tribunal Supremo avaló el acuerdo de una comunidad que había instalado cámaras con esa mayoría frente a la oposición de una vecina, porque las cámaras solo captaban zonas comunes, se conocía su existencia y el acceso a las imágenes estaba muy limitado. Conviene que el acta recoja la finalidad, las zonas grabadas y las personas autorizadas a ver las imágenes.

2. Qué se puede grabar y qué no

  • Solo las zonas comunes: accesos, portal, garaje, trasteros. Nunca el interior de las viviendas ni espacios privados ajenos. Conviene no enfocar directamente las puertas de las viviendas y, en el garaje, orientar las cámaras a las calles de paso, no a plazas concretas.
  • La calle, solo lo imprescindible. La ley permite captar la vía pública únicamente en la medida imprescindible para la seguridad, por ejemplo una franja junto a la puerta.
  • Sin sonido. La Agencia considera que grabar la voz necesita una justificación propia, y que grabar conversaciones de forma indiscriminada no es proporcionado.
  • Cámaras orientables o con zoom, con máscaras de privacidad, para que al moverse no capten lo que no deben.
  • Ascensores: la Agencia no prohíbe expresamente las cámaras dentro del ascensor. Como zona común, siguen las reglas generales, y al ser un espacio cerrado conviene justificarlas bien, por ejemplo por actos vandálicos, y no grabar sonido.

3. El cartel de zona videovigilada

Es obligatorio y debe colocarse en un lugar visible, al menos en cada acceso a la zona grabada. Según la Agencia, debe indicar:

  • Que existe videovigilancia.
  • Quién es el responsable, es decir, la comunidad de propietarios, y su dirección.
  • Dónde se pueden ejercer los derechos de protección de datos (acceso, supresión, oposición y el resto de los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos).
  • Dónde obtener más información sobre el tratamiento de las imágenes.

La Agencia ofrece un modelo de cartel, y la ley no fija un tamaño mínimo; según la Agencia, debe ser acorde con el espacio en el que se coloca. El resto de la información puede estar en el tablón de anuncios, en la conserjería o en una página web a la que remita el cartel, por ejemplo con un código QR.

4. Cuánto tiempo se guardan las grabaciones

Las imágenes deben suprimirse en el plazo máximo de un mes desde que se graban (artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018). Solo pueden conservarse más las necesarias para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones, como un robo o una agresión, y en ese caso deben ponerse a disposición de la autoridad en un plazo de 72 horas desde que se conoce la grabación. Lo normal es configurar el grabador para que borre solo.

5. Quién puede ver las imágenes

Solo las personas que designe la comunidad, y cuando haya un motivo. Pueden ser, por ejemplo, el presidente, el administrador o la empresa de mantenimiento. Las imágenes en ningún caso pueden emitirse por el canal de televisión del edificio, y si se accede por internet debe hacerse con usuario y contraseña. El grabador debe estar en un lugar cerrado o de acceso restringido.

  • Un vecino que aparece en las imágenes puede ejercer su derecho de acceso aportando una fotografía actual. Como suelen aparecer otras personas, la comunidad puede responder con un escrito certificado que detalle los datos tratados.
  • Un vecino que sufre un robo o un daño puede pedir, de forma motivada, las imágenes de ese incidente para la denuncia o para reclamar a su aseguradora.
  • Los juzgados pueden requerir las grabaciones, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pedirlas de forma motivada para investigar un delito. Se entrega solo lo relacionado con los hechos.

6. Los documentos de protección de datos

  • Registro de actividades de tratamiento. La Agencia indica que debe elaborarse antes de poner el sistema en marcha. Para las comunidades recomienda su herramienta gratuita Facilita RGPD.
  • Contrato de encargado del tratamiento. Si una empresa accede a las imágenes por cuenta de la comunidad, por ejemplo para extraer una grabación, debe firmarse un contrato con ella (artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos). Que instale una empresa no exime a la comunidad de cumplir.
  • No hay que inscribir las cámaras en ningún registro de la Agencia. Desde el 25 de mayo de 2018 desapareció la inscripción de ficheros: no hay que hacer ningún trámite ante la Agencia ni comunicarle nada. Lo que se exige es el registro interno de actividades.

7. ¿Hace falta una empresa de seguridad?

No, si el sistema no se conecta a una central receptora de alarmas ni a un centro de control. La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, deja fuera de su ámbito la venta, instalación y mantenimiento de equipos que no están conectados a una central (artículo 6.1.b). Una empresa instaladora puede montarlos y mantenerlos. Solo hace falta una empresa de seguridad autorizada si el sistema se conecta a una central receptora de alarmas o a un centro de control o de videovigilancia, o si se encarga a un tercero vigilar las imágenes.

Cámaras que ponen los propios vecinos

  • En la plaza de garaje: solo puede grabar la propia plaza y la franja mínima de zona común que no pueda evitarse, con autorización previa de la junta que conste en acta. El vecino es el responsable de esas imágenes y debe poner su cartel.
  • Mirillas digitales: si solo sirven para ver quién llama, como una mirilla tradicional, la Agencia considera que no se aplica la normativa de protección de datos. Si graban el rellano o la puerta de otro vecino, sí.
  • Timbres con cámara en el portal: la puerta del edificio es un elemento común. La Agencia apercibió a un vecino que había colocado uno sin autorización de la comunidad.

Sanciones: qué pasa si no se cumplen los requisitos legales de las cámaras

El Reglamento General de Protección de Datos fija dos topes: hasta 20 millones de euros o, si se trata de una empresa, el 4 % de su facturación anual global si esa cifra es mayor, para infracciones como grabar sin base legal, captar más de lo necesario o no informar (artículo 83.5); y hasta 10 millones o el 2 % para otras, como no tener el registro de actividades o el contrato de encargado (artículo 83.4). Son máximos: la multa se gradúa en cada caso.

En los casos publicados que hemos revisado, las multas de la Agencia a comunidades de propietarios por sus cámaras han sido de cientos o pocos miles de euros: por ejemplo, 300 € por un cartel incompleto o 2.000 € a una comunidad cuya presidenta difundió por mensajería imágenes de un vecino.

Estas son las infracciones que más aparecen en las resoluciones de la Agencia sobre comunidades y vecinos:

  • Instalar cámaras en zonas comunes sin acuerdo de la junta. Se trata como un tratamiento sin base legal, infracción muy grave a efectos de prescripción (3 años).
  • No tener cartel: muy grave a efectos de prescripción. Un cartel incompleto puede ser leve, aunque la Agencia ha calificado como muy grave uno que no identificaba al responsable.
  • Captar la calle, terrazas o espacios de otros vecinos, contra el principio de minimización de datos.
  • Difundir las imágenes, por ejemplo en un grupo de mensajería, por falta de confidencialidad.

Además, no tener el registro de actividades o el contrato de encargado son infracciones graves, que prescriben a los 2 años.

Con los vecinos que instalan sus propias cámaras, la Agencia suele dirigir un apercibimiento y ordenar reorientarlas o retirarlas en un plazo. Con las comunidades, en los casos que hemos localizado, ha impuesto multas, y suele ordenar, además, corregir la instalación en un plazo. Una cámara mal orientada acaba saliendo cara.

Cámaras para su comunidad, instaladas conforme a la normativa

Con nuestra promoción para comunidades le dejamos los carteles, el grabador cerrado y configurado para borrar en el plazo legal, y firmamos con la comunidad el contrato de encargado del tratamiento. 4 cámaras, grabador, instalación básica, carteles y averías incluidos por 50 €/mes + IGIC (53,50 € con IGIC), sin derrama y con una permanencia de 60 meses. Las ampliaciones se presupuestan aparte.

Ver la promociónTenerife: 922 617 566Gran Canaria: 828 916 624

Cómo lo hacemos en Socassat

Somos una empresa instaladora de Tenerife y Gran Canaria. En las cámaras para comunidades de vecinos que instalamos con nuestra promoción, las cámaras graban solo zonas comunes, sin sonido; colocamos los carteles en los accesos; el grabador queda en un lugar cerrado y configurado para que las imágenes no se guarden más de un mes, y nadie ve las cámaras en directo ni desde el móvil. Cuando la comunidad lo pide por un incidente, nuestros técnicos extraen las grabaciones para la denuncia, sin coste, y por eso firmamos con la comunidad el contrato de encargado del tratamiento.

No prestamos servicios de vigilancia ni conectamos los sistemas a centrales receptoras. Si su comunidad necesita otro tipo de instalación, puede ver todas las opciones en cámaras de seguridad CCTV.

Preguntas frecuentes

¿Es legal poner cámaras en una comunidad de vecinos?

Sí, si se aprueban en la junta de propietarios, graban solo zonas comunes y se cumplen las obligaciones de protección de datos: cartel, borrado en un mes como máximo, acceso restringido y documentos.

¿Qué mayoría hace falta para instalar cámaras?

La que se aplica habitualmente, y con la que se adoptó el acuerdo que avaló el Tribunal Supremo en 2024, es la del artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal: tres quintas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas. Los ausentes que no se opongan en 30 días naturales cuentan a favor.

¿Cuánto tiempo se pueden guardar las grabaciones?

Un mes como máximo. Solo pueden conservarse más las que acrediten un delito o un daño, que deben ponerse a disposición de la autoridad en 72 horas desde que se conoce la grabación.

¿Qué debe poner el cartel de zona videovigilada?

Que existe videovigilancia, quién es el responsable y su dirección, dónde ejercer los derechos de protección de datos y dónde obtener más información. La Agencia ofrece un modelo, y no hay un tamaño mínimo legal.

¿Pueden los vecinos ver las cámaras desde casa?

No. Solo acceden las personas que designe la comunidad, y las imágenes nunca pueden emitirse por el canal de televisión del edificio.

¿Hay que registrar las cámaras en la Agencia de Protección de Datos?

No. Lo que sí debe hacer la comunidad es incluir la videovigilancia en su registro de actividades de tratamiento y cumplir el resto de obligaciones.

¿Se puede grabar la calle?

Solo en la medida imprescindible para la seguridad del edificio, por ejemplo una franja junto a la puerta de entrada o del garaje.

¿Quién responde si la instalación no cumple?

La comunidad, que es la responsable del tratamiento de las imágenes, aunque las cámaras las haya instalado una empresa. La empresa que accede a las imágenes como encargada responde de sus propias obligaciones.

Normativa y fuentes: Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, artículo 22; Ley Orgánica 3/2018, artículos 64.3, 72, 73 y 74; Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, artículos 28, 30, 58.2.b y 83; Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, artículo 17; Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 1399/2024, de 23 de octubre (ECLI:ES:TS:2024:5075); Agencia Española de Protección de Datos, Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades (febrero de 2025); AEPD, ficha «Cámaras en comunidades de propietarios»; AEPD, modelo de cartel de zona videovigilada; Ley 5/2014, de Seguridad Privada, artículos 5.1.f y 6.1.b.

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